File T-503-17

Summary: The Defendant, Jorge Vinicio Sosa Orantes, is a Guatemalan national and naturalized Canadian citizen. Prior to applying for permanent residence in Canada in 1987, the defendant was an instructor and officer of the Kaibiles, Guatemala’s elite special operations forces.

The Defendant was arrested in Alberta in 2011 and extradited to the United States of America to stand trial on charges of criminal immigration fraud. He was alleged to have concealed his military past and participation in massacres in Guatemala in order to obtain US citizenship in 2008. The defendant was found guilty on all counts before the US District Court for the Central District of California in 2013.

The Plaintiffs, the Minister of Citizenship and Immigration and the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, commenced this action in 2017 seeking (1) a declaration that the Defendant obtained permanent residence and Canadian citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances pursuant to paragraph 10.1(1) of the Citizenship Act, and (2) a declaration that the defendant is inadmissible to Canada on grounds of violating human or international rights for committing an act outside Canada that constitutes a crime against humanity under paragraph 35(1)(a) of the Immigration and Refugees Protection Act, pursuant to section 10.5 of the Citizenship Act. The Government of Canada asserted its “commitment to fight impunity and deny safe haven to those who have committed or been complicit in crimes against humanity.”

The Defendant declined to participate at the trial, despite being provided a full opportunity to present evidence.

The Court allowed the action and granted both declarations sought by the Ministers.

The Ministers relied on the testimony of two Canadian immigration officials who processed and approved the Defendant’s application for permanent residence some time between 1987 and 1988. The witnesses testified that the defendant did not disclose his Guatemalan military background which had the effect of foreclosing or averting further inquiries. The Court found that the Defendant deceived Canadian immigration officials throughout the permanent residence application process and obtained his Canadian citizenship by fraud.

The Ministers called four expert witnesses who established that the Defendant’s actions leading up to and during military operations by the Kaibiles in the village of Las Dos Erres in December 1982 were part of a widespread and systematic attack by the Guatemalan Army against the civilian population in the early 1980s. Two fact witnesses who were present during the operation testified at trial and the sworn testimony of a former member of the Kaibiles given during the US proceedings was admitted into evidence. The Court concluded that there were reasonable grounds to believe that the Defendant committed murder and abetted his subordinates to commit murder of civilians at Las Dos Erres. Hundreds of civilians were systematically and brutally killed, including children and the elderly.

The Ministers established the requisite legal elements that constitute a crime against humanity. Having found that Jorge Vinicio Sosa Orantes knowingly committed murder in furtherance, and as part of systematic and widespread attacks, the Court concluded that a declaration of inadmissibility to Canada should be granted against the Defendant.

The decision is posted on the News Bulletins page of the Federal Court website.

Summary in Spanish

El acusado, Jorge Vinicio Sosa Orantes, es de nacionalidad guatemalteca y ciudadano canadiense por naturalización. Antes de solicitar la residencia permanente en Canadá en 1987, el acusado fue instructor y oficial de los Kaibiles, una fuerza de élite creada en Guatemala para operaciones militares especiales.

El acusado fue detenido en Alberta en 2011 y extraditado a Estados Unidos de América, para enfrentar cargos de fraude migratorio grave. Se alegó que había ocultado su pasado militar y su participación en masacres en Guatemala, con el fin de obtener la ciudadanía estadounidense en 2008. En 2013, el acusado fue declarado culpable de todos los cargos por el juzgado federal de primera instancia del Distrito Central de California.

Los demandantes, a saber la Ministra de Ciudadanía e Inmigración de Canadá y el Ministro de Seguridad Pública y Protección Civil de Canadá, iniciaron el presente proceso judicial en 2017, solicitando lo siguiente: (1) un veredicto judicial de que el acusado obtuvo la residencia permanente en Canadá y la ciudadanía canadiense valiéndose de declaraciones falsas o fraudulentas para ocultar deliberadamente hechos esenciales, en infracción del párrafo 10.1 (1) de la Ley de Ciudadanía; y (2) un veredicto judicial de que el acusado no puede ser admitido ni permanecer en Canadá por motivo de violación de derechos humanos o internacionalmente reconocidos al haber cometido, fuera de Canadá, un acto que constituye un crimen de lesa humanidad en virtud del párrafo 35(1)(a) de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados, de conformidad con el artículo 10.5 de la Ley de Ciudadanía. El gobierno de Canadá afirmó su “compromiso de combatir la impunidad y de denegar refugio a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad o hayan sido cómplices en ese tipo de crímenes”.

El acusado se negó a participar en el juicio, a pesar de que se le brindó amplia oportunidad para presentar pruebas a su favor.

El Tribunal admitió la demanda y emitió los dos veredictos solicitados por los ministros.

Los ministros se basaron en el testimonio de dos funcionarios de inmigración canadienses que tramitaron y aprobaron la solicitud de residencia permanente del acusado en algún momento entre 1987 y 1988. Dichos testigos declararon que el acusado no reveló su pasado militar en Guatemala, lo cual tuvo por efecto detener o evitar nuevas investigaciones sobre su pasado. El Tribunal concluyó que el acusado engañó a los funcionarios de inmigración canadienses a lo largo de todo su proceso de solicitud de residencia permanente y que obtuvo su ciudadanía canadiense de forma fraudulenta.

Los ministros convocaron a cuatro peritos, que establecieron que los actos cometidos por el acusado, tanto antes como durante las operaciones militares de los Kaibiles en el pueblo de Las Dos Erres en diciembre de 1982, fueron parte de un ataque generalizado y sistemático que el Ejército de Guatemala llevó a cabo contra la población civil a principios de la década de 1980. En el juicio, declararon dos testigos presenciales de dichas operaciones militares – y se admitió, como elemento de prueba, el testimonio que un antiguo miembro de los Kaibiles había prestado, bajo juramento, durante el proceso judicial realizado en Estados Unidos. El Tribunal concluyó que existían motivos razonables para creer que el acusado había cometido el delito de asesinato y que había instigado a sus subordinados a asesinar a civiles en el pueblo de Las Dos Erres. Cientos de civiles, incluidos niños y ancianos, fueron asesinados de manera sistemática y brutal.

Los ministros establecieron los elementos que la ley requiere para tipificar a un crimen de lesa humanidad. Tras constatar que Jorge Vinicio Sosa Orantes cometió el delito de asesinato de manera deliberada en el marco de ataques sistemáticos y generalizados, el Tribunal concluyó que se debía emitir un veredicto de inadmisibilidad contra el acusado, en virtud del cual tiene prohibida la entrada o permanencia en Canadá.

La decisión en inglés se encuentra publicada en la página de Boletines Informativos del sitio web del Tribunal Federal: News Bulletins.